Vale decir, lo que realmente está en juego hoy en día es la protección del derecho a la vida. Esto exige su respeto, con independencia de la edad, así como su defensa y promoción. Por lo tanto, es inadmisible que los sistemas de salud —como ha ocurrido en países europeos— se reserven el derecho a admitir pacientes con determinadas características. Las personas mayores enfermas por COVID-19 deben ser atendidas aun cuando no tengan los mismos recursos clínicos que las más jóvenes. Una sobrevaloración de la juventud como criterio para la asignación de recursos y atención es equivalente a valorar unas vidas por sobre otras (Aronson, 2020). Algo similar ocurre con las personas con discapacidad, por lo que el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Enviada Especial del Secretario General de Naciones Unidas sobre Discapacidad y Accesibilidad, han exhortado a los Estados “a tomar todas las medidas apropiadas para garantizar el acceso de las personas con discapacidad a los servicios de salud y proporcionar a las personas con discapacidad la misma variedad, calidad y nivel de atención médica que se brinda a otras personas, incluidos los servicios de salud mental” (Office of the High Commissioner for Human Rights , 2020, pág. 1). La Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores en su Artículo 6: Derecho a la vida y a la dignidad en la vejez establece que los Estados Parte adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar a la persona mayor el goce efectivo del derecho a la vida y el derecho a vivir con dignidad en la vejez hasta el fin de sus días, en igualdad de condiciones con otros sectores de la población (OEA, 2015). Los protocolos elaborados para atender a las personas mayores frente al riesgo de ser contagiadas por COVID-19 son útiles y necesarios para cumplir con lo indicado por la Convención Interamericana, pero no son suficientes. Se requiere una vigilancia activa por parte del Estado para que estos se cumplan sin exponer a las personas mayores a una muerte anticipada. Por otra parte, en varios países se han limitado o suspendido temporalmente las visitas a centros de atención residencial en un intento por evitar la propagación de la COVID-19. Son pocos los cuestionamientos con respecto a esta medida, que puede tener consecuencias significativas para la salud mental y bienestar general de las personas mayores. Hoy en día, cuando el abandono de las personas mayores frente a los hospitales u hogares de ancianos ocurre incluso cuando son fechas festivas como Navidad o Año Nuevo, es fácil